Colapso líquido
El agua no puede ser un lujo para las islas: es una necesidad primaria que se ha convertido, en varias de ellas, en una pesadilla diaria para miles de vecinos. La que atraviesa una situación más grave es hoy Lanzarote: en algunos de sus municipios —según datos aportados por la propia empresa concesionaria— hay cortes de suministro entre el 50 y el 60 por ciento de los días. Es un dato escalofriante, pero no el único. Más del 60 por ciento del agua desalada se pierde en la red antes de llegar a los hogares. Y no se trata de un accidente ni de una emergencia puntual. Es el resultado directo de una gestión ineficiente, incumplidora y negligente por parte de la empresa concesionaria, una filial de la madrileña Canal de Isabel II, que ha dejado de ser parte de la solución para convertirse en el epicentro del problema.
Un informe demoledor elaborado por los técnicos del Cabildo conejero detalla con precisión los reiterados y graves incumplimientos del contrato por parte de la empresa. No se han ejecutado las inversiones comprometidas, no se ha renovado la red de distribución en los términos acordados, no se han instalado los contadores sectoriales previstos, no se ha modernizado el sistema. El resultado es un sistema hidráulico colapsado, ineficiente y costoso, que frustra a los usuarios, perjudica a los municipios y compromete la sostenibilidad del suministro.
La consecuencia lógica de esta situación debería ser la resolución del contrato de concesión, un paso que el Cabildo ha iniciado con determinación y que, según el informe, está plenamente justificado. A efectos jurídicos, la resolución es una herramienta prevista cuando se produce un incumplimiento grave. Pero, más allá de lo legal, lo que está en juego es el derecho básico de la ciudadanía a tener agua en sus casas, todos los días, sin excusas.
La batalla que se avecina, sin embargo, no se resolverá solo en los tribunales ni en los despachos técnicos. El conflicto tiene una dimensión política y económica compleja. La filial del Canal de Isabel II, Canal Gestión, reclama una liquidación de 104 millones de euros, una cantidad astronómica para el estado calamitoso del servicio. El informe técnico y los cálculos del Cabildo apuntan en otra dirección: es probable que no reciban ni un solo euro. El canon y parte del valor de las infraestructuras no son computables; otra parte se compensa por la amortización, otra se descuenta como beneficio industrial, y otra se cubre con la fianza depositada. El balance puede ser cero. Y probablemente Canal Gestión lo sabe, aunque no parece querer creerlo.
Esa podría ser la única explicación posible al bloqueo de otras alternativas, como una cesión, que permitiera recuperar gran parte de lo que Canal aspira a obtener. La jugada no parece casual: mantener el control, aunque sea temporal, da margen de presión y capacidad de negociación. Pero no resuelve el problema creado en la isla. Solo prolonga el sufrimiento de los vecinos, la desesperación de los ayuntamientos y el creciente deterioro del sistema.
La posición del Cabildo en ese contexto es muy clara: resolver el contrato en cuatro meses —una vez se analicen los 2.000 folios de alegaciones del Canal y dictamine el Consultivo— e iniciar cuanto antes una transición ordenada hacia un nuevo modelo de gestión. Para ello es necesario abrir la puerta a nuevos operadores que sí estén dispuestos a invertir, gestionar y garantizar un servicio eficiente. No se trata de repartir culpas ni de buscar venganza, sino de ofrecer una respuesta urgente a un colapso que ya es estructural.
Insistir en la batalla de las cifras, en los posibles millones que el Cabildo dejará de pagar o que Canal dejará de cobrar, puede distraer del verdadero objetivo, que no es otro que restablecer las garantías de un suministro correcto y renovar una red que ya no resiste más parches ni remiendos. Esta no es solo una guerra administrativa. Es una lucha por el acceso al agua, por la salud pública, por la dignidad de una población que no puede vivir en un estado de excepción permanente.
Canal Gestión ha tenido quince años para demostrar su capacidad, y ha fracasado, provocando enormes pérdidas a su empresa matriz. Ahora toca que se aparten, con las garantías jurídicas que correspondan, pero sin más privilegios ni blindajes. Toca que se incorporen otras empresas, que haya competencia, que se firmen nuevos compromisos y se ejecuten sin demora. Que se empiece a cavar, a cambiar tuberías, a monitorizar las zonas de pérdida de agua. Toca aprovechar la emergencia hídrica para gestionar con eficiencia y sacar a Lanzarote de la situación en que se encuentra. La gente de la isla no puede esperar más. El agua no llega, la energía invertida en desalación se pierde por las tuberías, y los técnicos del Cabildo ya han hablado con una claridad difícil de ignorar. Hay incumplimiento, hay una creciente percepción de colapso, pero también hay alternativas. Lo que urge es no demorar más lo que haya que hacer.
