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Vuelve la guerra de la tele

 

La Junta de portavoces del Parlamento de Canarias decidió ayer retrasar durante quince días la elección de la Junta de Control de la Televisión Canaria, el órgano de elección parlamentaria que –de acuerdo con la última ley de la tele, la de 2018– debe ocuparse de controlar la actuación del director general de la tele, aún no nombrado. La propia junta de portavoces había acordado, en la última de sus reuniones antes de Semana Santa y por unanimidad de sus miembros, iniciar el procedimiento de elección de la Junta de Control y del director general, que habrá de sustituir al frente de la tele al actual Administrador provisional. La sustitución del Administrador por el director general no parece muy complicada: tras no conseguir ser elegido presidente de la Radio Televisión Pública Española, cargo al que optó sin éxito, el Administrador Francisco Moreno es el único candidato conocido a la dirección general, por lo que muy probablemente será Moreno quien sustituya a Moreno.

  

La elección de la Junta de control sí resulta más peliaguda, porque entre sus competencias está la de aprobar los contratos de más de un millón de euros, entre ellos los de alquiler de los locales que actualmente ocupa la televisión canaria en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, con un contrato de cinco millones, que vence en junio de este año, sin posibilidad legal de prórroga. Gobierno y oposición habían logrado aproximar posiciones en torno a un acuerdo para solucionar el viejo problema de los alquileres, que pasaba por dejar a la próxima Junta resolver –en uso de sus competencias legales– una situación que se arrastra desde hace 25 años, sin que a día de hoy, tras un desembolso monstruoso, la tele disfrute de instalaciones y equipos propios. Pero ese acuerdo parece haber saltado por los aires. La semana pasada se produjo un encuentro del presidente del Gobierno y su consejero de Hacienda con el arrendatario de las instalaciones, y los grupos socialista y Nueva Canarias decidieron solicitar ayer a la mesa de la Cámara un nuevo retraso en la elección de la Junta de Control de la tele y del Director General, alegando tener dificultades para lograr candidatos viables.

  

La Junta de Portavoces del Parlamento se fraccionó automáticamente en dos mitades claramente enfrentadas a la hora de procesar esa petición, que acabó siendo aprobada únicamente con los votos de los grupos que apoyan al Gobierno, y con la exigencia expresa de Curbelo –presente en la reunión– de que la nueva fecha límite para la elección –el 11 de mayo– no vuelva a retrasarse. Mientras, los portavoces de los partidos de la oposición aseguran que el Gobierno pretende ganar tiempo para presentar por decreto-ley la renovación de los alquileres, impidiendo la intervención de la futura Junta de Control.

 

Lo que resulta obvio es que el Gobierno quiere volver a prorrogar los alquileres, para no enfrentarse a la empresa arrendataria, y parece dispuesto a todo, incluso a incumplir uno de los acuerdos fundacionales del pacto de las flores, que era dar a Curbelo un representante en la Junta de control. Con decisiones como la de ayer, todo hace pensar que –en medio de la peor crisis de nuestra historia reciente– el Gobierno va a convertir nuevamente el control de los dineros de la tele –utilizados durante años para silenciar disidencias y comprar lealtades mediáticas– en uno de los asuntos centrales de la política canaria.