Canarias aboga por una vivienda vacacional que “transite a la calidad”
El Gobierno apuesta por profesionalizar el sector para que las Islas sean “una visión de primer orden de sí mismas”
Canarias apuesta por una vivienda vacacional que “transite a la calidad” en términos de eficiencia energética y accesibilidad, es decir, de sostenibilidad. Asimismo, el Gobierno aboga por la profesionalización del sector con el objetivo de que las Islas sean “una visión de primer orden de sí mismas”. Así lo ha señalado este lunes la consejera regional de Turismo, Jéssica de León, durante su participación en el foro ‘El reto de regular el uso turístico de la vivienda en Canarias’, organizado por la Cadena SER.
En declaraciones previas a este mismo acto, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha negado que el anteproyecto de ley de vivienda vacacional esté generando un “efecto llamada”, a pesar del aumento de las inscripciones, porque “los ayuntamientos no están dando licencias” y “al final se está ejerciendo una actividad simplemente con una declaración responsable”. Asimismo, ha garantizado que el Gobierno responderá a “todas y cada una” de las casi 3.000 alegaciones presentadas al anteproyecto.
“Se van a poder remontar algunas impresiones que la ley puede haber causado y que son objeto de cumplimiento de leyes estatales o de decretos anteriores”, ha dicho. Para Clavijo, la normativa que prepara el Gobierno es “intervencionista” y “define unas reglas de juego” para que el alquiler vacacional “se pueda desarrollar con normalidad”. “Nuestra obligación es que las reglas sean iguales para todos, hay una demanda en el mundo turístico de alquiler vacacional y Canarias, que es una potencia en el sector, va a tener esa oferta, pero con garantías y con licencia”, ha asegurado.
A la vez, ha continuado el presidente, hay “un grave problema de vivienda, una emergencia habitacional” que hay que abordar “desde el planeamiento” entre ayuntamientos y cabildos con la colaboración del Gobierno de Canarias, para conseguir “un equilibrio entre la oferta alojativa para el sector turístico y que los canarios puedan tener una vivienda de manera razonable”. “El Gobierno de Canarias no va a hacer más de lo mismo ni a mirar para otro lado”, como a su juicio se hizo en la anterior legislatura. De esta manera, “se va a dar curso a las alegaciones, se van a contestar todas y cada una” de ellas y se va a hacer deprisa, “pero no de cualquier manera” porque “nos tomamos la participación ciudadana en serio”.
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Por su parte, la consejera aseguró que, desde su llegada al departamento, “anunciamos que no miraremos a otro lado ante los desafíos a los que se está enfrentando” la principal industria del Archipiélago y que, considera, “debe adaptarse a la Canarias del presente”, hacia un modelo de futuro más sostenible. Con todo ello, De León quiso hacer una fotografía del estado actual del turismo, que crea el 36 % del empleo, supone el 32 % del Producto Interior Bruto del Archipiélago y aporta el 35 % del total de los impuestos recaudados.
Todo ello, agrega, “con un número de plazas hoteleras que ha descendido un 8 %” con la pérdida de 54 establecimientos alojativos. Así, entiende que la ley “busca el equilibrio”, abordando el alquiler vacacional “no como un problema, sino como una modalidad alojativa más”. En la actualidad, en Canarias existen 65.996 viviendas vacacionales, siendo Tenerife (28.492) y Gran Canaria (16.725), las que cuentan con un mayor número. Por municipios, en Yaiza o La Oliva, el porcentaje de viviendas turísticas sobre el total de residencias supera el 20 %, según detalló la consejera.
Un escenario en el que en Canarias, durante el año 2022, se construyeron 2.782 viviendas, de las que 208 eran de promoción pública, y con una demanda de más de 11.000 cada año. Asimismo, comparte la opinión de que la ley estatal de vivienda “desprotege al propietario” y asegura que el Decreto Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda “dará sus frutos al medio plazo”. “Nuestro objetivo no es expulsar a nadie, sino equilibrar y ordenar”, señaló la consejera de Turismo, porque el nuevo uso vacacional “tendrá como base la planificación”. Con todo, recordó que el texto normativo fija que el 90 % de la edificabilidad residencial tenga como destino “satisfacer las necesidades de los residentes”, porcentaje que se reduce al 80 % en La Palma, La Gomera y El Hierro.
Tampoco podrán transferirse a ese mercado las viviendas de protección oficial y pone énfasis en el plazo de cinco años, ampliable a diez, para que las ya existentes se adapten a la legislación y la normativa urbanística. Por todo ello, pide que “abandonemos el egoísmo” y que “nos pongamos las gafas de ver de lejos” para que la vivienda vacacional “transite hacia la calidad en términos de eficiencia energética y accesibilidad”. Pone en valor que se trata de una modalidad que “nació como economía colaborativa” y es eso lo que el Gobierno “quiere que se reserve a ellos”.
Las viviendas que inviertan en calidad y se queden en el mercado vacacional, “adquirirán para sus propietarios un valor añadido más en términos de rentabilidad”, explicó De León. Por ello, pide a los pequeños propietarios que también “hablen este idioma”, exigiéndose más calidad para “cobrar más a sus clientes porque dan mejores servicios”. “Confiamos en el talento canario, en las oportunidades de Canarias y también hoy, en las familias y empresas canarias que se destinan a este subsector”, finalizó.
