Canarias, territorio hipotecado

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales desafíos socioeconómicos en Canarias. Según el último informe del sector inmobiliario, una persona que perciba el salario medio en el archipiélago necesitaría 40,4 años de trabajo para adquirir una vivienda media sin destinar más del 30% de sus ingresos al pago de la hipoteca. El dato sitúa a Canarias como la sexta comunidad autónoma más afectada por la inaccesibilidad residencial, solo por detrás de Baleares (57,6 años), Madrid (55,3), Catalunya (41,8), Euskadi (41,7) y ligeramente por encima de Andalucía (38,8). En el conjunto del Estado español, el promedio se sitúa en 38,6 años.

En la última década, el precio de la vivienda en España ha aumentado un 35%, mientras que el salario medio solo ha crecido un 2% en el mismo periodo. Esta brecha explica buena parte de las dificultades actuales para acceder al mercado residencial, tanto en compra como en alquiler. En el segundo trimestre de 2025, el precio medio del metro cuadrado alcanzó los 2.093 euros, la cifra más alta desde 2007. En Canarias, los datos del portal Fotocasa y del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman una tendencia similar, con incrementos interanuales del 7% en venta y del 9% en alquiler.

En paralelo, los salarios canarios se mantienen entre los más bajos del Estado, con una media de 1.480 euros netos mensuales, según la Encuesta de Estructura Salarial. Esto significa que el esfuerzo financiero que deben asumir los hogares para acceder a una vivienda en propiedad o en alquiler supera con frecuencia el umbral recomendado del 30% de los ingresos.

La estructura económica de Canarias, fuertemente dependiente del turismo, condiciona también el mercado residencial. Según datos del Gobierno de Canarias, más de 40.000 viviendas se destinan actualmente a uso vacacional, una cifra que representa un 8% del parque habitacional del archipiélago. En municipios turísticos como Arona, Mogán o Tías, ese porcentaje supera el 20%, lo que ha reducido significativamente la oferta de vivienda disponible para residentes. Las patronales turísticas defienden que este modelo genera ingresos y empleo, mientras que ayuntamientos y colectivos vecinales alertan de un efecto de expulsión de población local hacia zonas periféricas o interiores.

En Canarias, los precios se han visto impulsados por la demanda de segundas residencias y la inversión extranjera, especialmente en las zonas costeras de Tenerife y Gran Canaria. Este fenómeno ha tensionado el mercado y ha desplazado la demanda interna hacia municipios menos turísticos o con menor conectividad.

El elevado coste de la vivienda afecta especialmente a la población joven, a las mujeres solas y a los hogares con menores ingresos. Según el Observatorio de la Vivienda y Suelo, uno de cada tres hogares en España destina más del 30% de sus ingresos a la vivienda, porcentaje que en Canarias alcanza el 36%. La Ley de Vivienda estatal, en vigor desde 2023, fija ese 30% como límite de esfuerzo razonable e introduce medidas como la declaración de zonas tensionadas y la limitación de precios del alquiler. Sin embargo, su aplicación en Canarias ha sido desigual, y varios municipios aún no han tramitado la declaración de dichas zonas.

En Canarias, el Gobierno autonómico prevé construir 5.000 viviendas sociales en los próximos cuatro años, dentro del Plan de Vivienda 2025-2028. Sin embargo, expertos y entidades sociales consideran que la cifra es insuficiente para revertir la situación actual.

El acceso a una vivienda digna se mantiene, así, como uno de los principales retos estructurales del archipiélago: un problema económico con profundas consecuencias sociales, que pone a prueba la capacidad de las instituciones para garantizar uno de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.