La 'trama Koldo' extiende las sospechas hacia adjudicaciones de Roman Rodríguez
La Consejería de Hacienda adjudicó una obra de 7 millones a una empresa cercana a la trama, ahora en suspensión de pagos
La trama empresarial y de presunto tráfico de influencias tejida al calor de Koldo García no deja de deparar sorpresas a medida que la investigación arroja nuevos datos sobe los tentáculos del que fuera hombre fuerte de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. Si en los primeros compases las sospechas se dirigían exclusivamente a una red que, supuestamente, se habría lucrado ilícitamente con el negocio de mascarillas en la pandemia, las últimas pesquisas extienden sus sospechas a otros ámbitos de la administración pública y apuntan directamente a un cuantioso contrato adjudicado en 2022 por la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, cuando el líder de Nueva Canarias, Román Rodríguez, presumía de tener el control de las cuentas de la administración autonómica, adelanta TIEMPO DE CANARIAS.
En mayo de 2022, el departamento que dirigía el también vicepresidente autonómico con el anterior pacto de gobierno, adjudicaba la reforma del Edificio Royal a la empresa Levantina, Ingeniería y Construcción SL (LIC) por algo más de 6,5 millones de euros, en una operación que le ha salido rana a la administración autonómica. Esta actuación, destinada a concluir y acondicionar el inmueble que se levanta sobre la parcela que antaño ocuparon los multicines Royal en la calle León y Castillo de la capital grancanaria, fue planeada por el departamento de Román Rodríguez como una ambiciosa solución de futuro para concentrar en un único edificio las dependencias de la Agencia Tributaria Canaria, dependiente de la Consejería que dirigía entonces el dirigente canarista.
Las obras de este edificio –que tendrían que haberse completado en seis meses, pero que en la actualidad se encuentran paralizadas y sin finalizar después de que la empresa se haya declarado en preconcurso de acreedores– despertaron la curiosidad de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO de la Guardia Civil que intentan desenredar la madeja de la trama del ‘caso Koldo’ después de descubrir que el exasesor de Ábalos y el propietario de la empresa que posteriormente sería adjudicataria de las obras, José Ruz, viajaron en febrero de 2022 a Gran Canaria, solo tres días antes de que Hacienda anunciara la licitación de la reforma del edificio, que había sido adquirido por la Comunidad Autónoma a finales de 2018 y que, desde entonces, permanecía cerrado y sin uso.
En un informe enviado al juez que instruye el ‘caso Koldo’, los agentes de la UCO alertan de esta coincidencia y recuerdan que José Ruz, aunque no figura entre los investigados por la trama en torno a la venta de productos sanitarios, sí es nombrado numerosas veces en el sumario. De hecho, los investigadores llegaron a fotografiarlo junto a Koldo García en la marisquería La Chalana, el restaurante madrileño en el que el exasesor de José Luis Ábalos mantenía frecuentes encuentros con sus presuntos socios y personas y empresarios supuestamente beneficiadas con tratos de favor desde las administraciones públicas gracias a su intermediación.
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Esta circunstancia motivó que los agentes siguieran el rastro de las actividades de José Ruz y sus empresas, hasta llegar a la adjudicación realizada por la Consejería de Román Rodríguez en mayo de 2022, cuando José Luis Ábalos llevaba casi un año fuera del Ministerio, pero las influencias de Koldo García se mantenían aparentemente intactas. Tres días después de la estancia de García y Ruz en la capital grancanaria, la Agencia Tributaria Canaria publicó la licitación, por 6,5 millones de euros, de la reforma interior y acondicionamiento del edificio Royal. Al concurso se presentaron ocho empresas, pero la adjudicataria fue Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), la empresa de José Ruz. Una auténtica desconocida en Canarias.
Las obras para acondicionar el edificio, que llevaba más de una década cerrado cuando fue adquirido por el Ejecutivo canario, fueron impulsadas en julio de 2021 por el gobierno del Pacto de las Flores, que autorizó un gasto de más de 7,7 millones para la redacción del proyecto y ejecución de las obras, debido a la “necesidad de dotar a la Agencia de una sede independiente en Las Palmas de Gran Canaria con capacidad suficiente para albergar no solo las instalaciones y el personal actuales, sino también a los nuevos empleados que se incorporarán en el futuro”, según señalaba el acuerdo de gobierno que daba inicio al expediente.
Aunque hasta recibir esta adjudicación, las empresas de José Ruz no tenían actividad reseñable en Canarias, según los investigadores de la UCO, habrían facturado unos 120 millones de euros de las administraciones públicas, la mayor parte en contratos procedentes del ministerio que dirigió José Luis Ábalos, aunque también del Gobierno de la Comunidad Valenciana cuando el socialista Ximo Puig se encontraba al frente de la Generalitat.
Aunque las obras adjudicadas en la capital grancanaria después del viaje de Koldo García y Ruz a la Isla tendrían que haberse completado en seis meses, lo cierto es que el edificio continúa sin estar concluido y los trabajos están paralizados, después de que la constructora se haya declarado insolvente y se acogiera a la ley concursal. Según la Agencia Tributaria Canaria, los trabajos –que comenzaron en septiembre de 2022– se encuentran ejecutadas en algo más de un 80 %. Aunque la fecha inicial de finalización se fijó para marzo del pasado año, LIC pidió una ampliación del plazo hasta diciembre. Sin embargo, llegada esa fecha, los trabajos seguían sin estar concluidos y la empresa de Jose Ruz comunicaba al Gobierno canario que se encontraba en situación de preconcurso de acreedores.
Ante esta situación, la Agencia Tributaria Canaria ha iniciado los trámites para resolver el contrato alegando como causa el incumplimiento de la constructora vinculada a la trama Koldo. Una empresa que nunca había obtenido contratos públicos en Canarias y a la que Román Rodríguez concedió una obra por 6,5 millones de euros anunciada tres días después de que el exasesor socialista y el empresario beneficiario de la misma viajaran hasta la Isla. Una circunstancia que ha llamado la atención de los investigadores, que intentan ahora determinar si se trata solo de una casualidad o si, por el contrario, los tentáculos del ‘caso Koldo’ son más largos de lo que inicialmente se pensaba.
