El defensor del pueblo aboga en el Senado por evitar la improvisación en materia migratoria
"No es razonable que esto lo asuma Canarias en solitario"
Tras la situación que se producía en las últimas horas en Fuerteventura, cuando las autoridades y representantes empresariales salían a la palestra elevando el tono contra el realojamiento de inmigrantes en Caleta de Fuste, el defensor del pueblo acudía al Senado para criticar la gestión de la misma en Canarias.
Es precisamente un informe del defensor del pueblo y otro de Amnistía Internacional los que hicieron ver al gobierno español las miserables condiciones donde los inmigrantes pasaban la cuarentena del COVID. El posterior movimiento realojando a las personas inmigrantes ha levantado ampollas.
La situación está enquistada en el archipiélago donde no paran de llegar embarcaciones ni parece que vayan a parar. La estrategia del ministro de controlar al máximo la reubicación en el resto del Estado y la falta de una política comunitaria que de soluciones a la frontera sur, está produciendo situaciones donde se pueden generar tensiones a nivel social.
Crítico con el Gobierno
Fernández Marugán, Defensor del Pueblo, comparecía en esta línea ante la Comisión Mixta del Senado, para explicar el último informe de su oficina, entregado el 3 de marzo. Marugán, en la línea de ese documento, se mostraba muy crítico con el Gobierno y con la Administración en general y ha incidido en lo que ocurrió en el muelle de Arguineguín, conocido como «el muelle de la vergüenza».
Son palabras del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán ante la Comisión Mixta del Senado, ante la que comparece esta mañana para explicar el último informe de su oficina, entregado el 3 de marzo.
En esa línea, el defensor del pueblo ha ofrecido datos concretos sobre las llegadas irregulares a Canarias el año pasado por vía marítima: 23.023 migrantes con la siguiente procedencia. Casi 12.000 procedían de Marruecos, 4.339 senegaleses, 4.126 malienses, 772 de Costa de Marfil, 687 Guinea Conakry y 571 de Gambia. Tras los datos, las críticas sobre todo en lo que se refiere a quienes solicitaron asilo.
Hubo, según el Defensor del Pueblo, una «larga lista de disfunciones», que están ahí y habrá que ver cómo se resuelven. Citó la excesiva concentración de irregulares en algunos municipios pequeños y en barrios de otros grandes. «Hay que evitar la improvisación», reclamó. La coordinación a su juicio fue insuficiente, faltaron ubicaciones, personal y medios.
Canarias sola, no puede
«No es razonable que esto lo asuma Canarias en solitario», zanjó. Se necesita, dijo, una colaboración y solidaridad del resto de comunidades y una voluntad política de la Administración General. «El defensor cree en esto y viene a decírselo».
Las ONG también protestan contra la situación de bloqueo
"La situación en Canarias está muy lejos de ser la deseable en un país democrático europeo". Le explica José Miguel Morales, presidente de Andalucía Acoge, a Jairo Vargas en Público, que ha sido muy claro definiendo las políticas del Gobierno con las personas migrantes que llegan al archipiélago.
La de Jose Miguel ha sido una voz más de las más de 160 organizaciones y colectivos sociales y sindicales que este martes han exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez un giro en las decisiones que están vulnerando los derechos de miles de personas que llevan atrapadas en las islas desde hace meses, hasta un año en algunos casos.
"Hemos normalizado un trato inhumano a las personas migrantes. Se ha tolerado hasta lo intolerable para desarrollar una visión de acogida en macrocampamentos que ha traído el progresivo deterioro emocional y de las condiciones en que se acoge a las personas dentro y fuera de los campamentos", ha añadido Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de CEAR Canarias y presidente de la red europea contra la pobreza (EAPN) en las islas.
