El Gobierno de Canarias se abre a la compra de viviendas en desuso de la SAREB
La propuesta se elevará al próximo Consejo de Gobierno y pretende dar soluciones a la problemática habitacional de las islas
La Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias ha elaborado un nuevo decreto ley de medidas urgentes que persigue incrementar la disponibilidad de inmuebles y que condensa la política a desarrollar para promover la disposición de viviendas en el mercado, especialmente los protegidos, favoreciendo y simplificando la gestión para que puedan construirse y acabar con la “emergencia habitacional” que se vive en el Archipiélago. Asimismo, se abre la posibilidad de adquirir inmuebles entre las cerca de 3.000 viviendas inacabadas o sin comenzar que pertenecen a fondos de inversión y al denominado ‘banco malo’.
Así lo ha señalado el consejero de Vivienda del Gobierno regional, Pablo Rodríguez, en una rueda de prensa en la que avanzó los detalles de la futura norma, señalando que contará con treinta artículos y varias disposiciones transitorias y adicionales, con los que perseguir “tomar decisiones” sobre las dimensiones que presenta la oferta de vivienda. En el texto se recogerá la disponibilidad de suelo donde construir, la viabilidad de usr como viviendas construcciones y edificaciones ya existentes, incluyendo las no terminadas, así como la adecuación de las normas sobre vivienda protegida para favorecer su rápida construcción y puesta a disposición de los más de 20.000 demandantes, según los propios datos del Instituto Canario de la Vivienda.
Rodríguez apuntó que en la trama urbana de Canarias “hay suelos que no se han desarrollado”, por lo que, desde su Consejería, se priorizará la construcción de vivienda protegida en dichos espacios, “sin consumir nuevos”. No obstante, el consejero ha puntualizado que seguirán siendo los municipios los que determinen qué suelos se pueden destinar a vivienda pública. “El decreto solo acelerará los procedimientos e impulsará los trabajos en suelos antropizados para dar salida a construcciones y urbanizaciones inacabadas o abandonadas”, ha destacado.
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En este sentido, se favorecerá la compatibilidad del uso residencial y del turístico en suelos sin desarrollar, donde un tercio de la edificabilidad deberá ser destinada a vivienda protegida, y también se fomentará la recuperación de suelo urbanizable residencial que ya se encontraba previsto como tal en instrumentos de ordenación no adaptados. En este caso, el cincuenta por ciento de la construcción será destinada a vivienda protegida de promoción privada. “Uno de los puntos más importantes para impulsar la construcción de vivienda protegida es la modificación del Módulo Básico canario, adecuándolo a la realidad actual del mercado y a cada isla”, ha explicado. En Gran Canaria y Tenerife se elevará a los 1.905,26 euros/metro cuadrado, y en el caso de La Gomera, La Palma, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura a 2.133,89 euros.
El Icavi cifra en 20.000 los demandantes de vivienda
Asimismo, el consejero también ha destacado que se amplía el tipo de unidades familiares que pueden acceder a las viviendas protegidas de régimen general, incluyendo a los núcleos que no excedan cinco veces el IPREM, -las que no excedan seis veces el IPREM, solo en determinados supuestos-, lo que permitirá que las clases medias también puedan beneficiarse de esa medida. Para desarrollar esta normativa, que será elevada la próxima semana al Consejo de Gobierno, la Consejería ha contemplado las propuestas desarrolladas en esta materia por otras comunidades autónomas, como Baleares, con buenos resultados, adaptándolas a la realidad del suelo y de la vivienda en las islas.
Pablo Rodríguez ha señalado que con este proyecto de decreto ley se fomenta la creación de puestos de trabajo con el impulso al sector de la construcción, en retroceso desde la crisis financiera e inmobiliaria de 2008. “Además, aumentamos la oferta de vivienda, lo que permitirá equilibrar el mercado y hacer que descienda el precio del alquiler y venta en el mercado libre, e impulsamos la disponibilidad de viviendas en zonas en las que su ausencia amenaza el empleo en el sector público y turístico”, ha concluido.
El consejero ha avanzado asimismo que mantiene conversaciones con la Sareb para adquirir las más de 300 viviendas que dispone en Canarias, así como con los fondos de inversión, entre ellos el que dispone del mayor parque en las islas, unas 1.400. Rodríguez ha recalcado que las medidas que pretenden aplicar se han ideado para suelos antropizados para no ocupar más, y que en ningún caso incluye el suelo rústico, así como para impulsar la vivienda en los ayuntamientos más turísticos y “tensionados”, reducir los plazos de ejecución y fomentar la modalidad del ‘cohousing’.
