El Parlamento inicia la tramitación de la modificación de la ley de cabildos: más autonomía y competencias blindadas
"Los cabildos ya somos suficientemente mayores, tenemos suficiente autonomía para llevar las competencias"
El Parlamento de Canarias ha acogido este martes la presentación de la Proposición de Ley de Modificación de la Ley de Cabildos Insulares que ha elaborado la Federación Canaria de Islas (Fecai) y ahora iniciará su trámite en la Cámara regional.
La vicepresidenta de la Fecai, Lola García, ha dicho que el objetivo de la nueva norma es adaptarla al Estatuto de Autonomía que fue aprobado en noviembre del 2018 y "reafirmar la autonomía" de las corporaciones insulares.
Así, ha apuntado, se trata de que las competencias que han sido transferidas o derivadas a los cabildos pues dispongan de ellas de forma "plena" y que no se tengan que "subrogar o suprimir" y que los cabildos no se encarguen solo de gestionarlas.
"Que no nos pongan unas competencias, ya sea de carreteras o de servicios sociales, que nos den la gestión y que después, dependiendo, no los vengan a retirar. Los cabildos ya somos suficientemente mayores, tenemos suficiente autonomía para llevar las competencias", ha explicado.
García ha destacado también que también se ahonda en "simplificar" la burocracia y la transparencia para hacer la ley "más eficaz, más eficiente y más cercana a los ciudadanos".
El vicepresidente segundo del Cabildo de Tenerife y autor de la norma, José Miguel Ruano, ha detallado que la ley pasa ahora a los grupos parlamentarios para que se abra el plazo de enmiendas y se pueda aprobar, en principio, antes del próximo verano.
Ha señalado que "la visión" de la ley es abrir una "nueva cultura" bajo "la idea de que los cabildos son también instituciones de la comunidad autónoma", con competencias transferidas por el Gobierno de Canarias y otras como entidad local.
En esa línea ha destacado que el régimen jurídico que se establece para competencias como medio ambiente o carreteras, por ejemplo, "tiene que ser diferente" al tratamiento que ha venido siendo habitual con la legislación de régimen local.
