“Ningún dato, ni de lejos” avala un aumento de la delincuencia por la llegada de migrantes a Canarias
Lo ha reconocido la Fiscal Superior de Canarias, María Farnés, que si hace hincapié en las necesidades estructurales para la atención humanitaria que se precisa
En la presentación este lunes de la memoria correspondiente a 2022 ante la comisión parlamentaria de Gobernación, Justicia y Seguridad ha indicado que la inmigración en Canarias no es "algo raro" sino que "ocurre permanentemente" y no entiende que se vuelva a improvisar tras las crisis de los cayucos de 2006 y los años 2020 y 2021.
No obstante, ha admitido que el repunte de septiembre y octubre "ha cogido de sorpresa" pues "nadie" lo esperaba y ahora se trata de que todas las instituciones "tienen que organizarse" para que los casos se resuelvan "lo más rápido posible".
Para ello ha indicado que se ha nombrado una fiscal delegada autonómica que va a entablar reuniones de coordinación con la Dirección General del Menor o la Policía Nacional para tratar de agilizar trámites.
Por ello ha pedido crear instalaciones "adecuadas y permanentes" y "no esperar a que ocurra el problema porque va a continuar", subrayando que con unas llegadas "de tal calibre", desde la Policía Nacional "no dan abasto" y ni siquiera se puede investigar casos de trata de personas ni a los patrones de las embarcaciones.
Farnés ve "preocupante" la situación de la migración en el archipiélago "a nivel organizativo, legal y humano" y advertido de la "generalización" en las peticiones de asilo salvo entre los migrantes marroquíes que son más "reacios".
En esa línea ha reclamado evaluar la inmigración como un problema de "conjunto" que obliga a tener más medios en los hospitales, por ejemplo, para determinar la edad de los presuntos menores, al tiempo que ha alertado de los "serios problemas" que se dan con la documentación de las personas procedentes de Gambia, pues "no se sabe si es verdadera o falsa", lo mismo que ocurre con las partidas de nacimiento senegalesas o las tarjetas sanitarias de Malí.
Asimismo, ha indicado que "no hay ningún dato" que haga pensar en un "repunte" de delitos como consecuencia de la llegada de migrantes.
Al igual que el año pasado, la Fiscal Superior ha vuelto a exigir un aumento de plantilla pero también de las instalaciones, pues el año pasado llegaron dos fiscales nuevos y no había "espacio físico" para que pudieran trabajar.
