Dinero sólo si llega gratis
El Gobierno español anunció ayer –ante la incredulidad de los empresarios– que no pedirá a Europa el crédito de 70.000 millones de euros que permite el gran proyecto de rescate aprobado por Bruselas. Eso sí, Sánchez espera que la Unión siga facilitándole el acceso a los 73.000 millones que habrían de llegar no como préstamo, sino como regalo de los países europeos más ricos a los más pobres, sin intereses, gratis total. Uno no sabe si alegrarse por la decisión de no endeudarse, o entristecerse –como han hecho los empresarios– al descubrir que a Sánchez lo que le preocupa no es disponer de recursos para acometer la reconstrucción del país, sino para embellecer el presupuesto y comprar apoyos a los partidos secesionistas durante los próximos tres años, para lo que le da con los cuartos que le va a regalar Europa.
En realidad, a pesar del cabreo empresarial, la decisión esconde la certidumbre de la ministra Calviño de que España es hoy por hoy incapaz de materializar una inversión productiva de 143.000 millones. Usar esos cuartos para seguir aumentando el gasto público corriente sería otra cosa, pero Europa exige que el dinero se destine a inversión productiva, a ejecutar proyectos que encajen en los programas que la propia Unión establece. Y eso no resulta tan fácil: una cosa es gastar como si no hubiera un mañana –eso lo hace cualquiera– y otra muy distinta invertir cumpliendo planes y criterios europeos.
Como muestra un botón: en los últimos seis años, el Gobierno español sólo ha logrado gastar 19.000 millones de ayudas europeas. Parece bastante dudoso que ahora pueda invertir los 27.000 millones que Sánchez ha pedido sólo para 2021. Calviño sabe que la mayor parte de esos recursos europeos quedarán sin ejecutar, exactamente igual que ha ocurrido en los últimos años. Por eso, mejor renunciar provisionalmente a los 70.000 millones que habría que devolver con intereses y conformarse con los 73.000 que se supone llegan gratis.
Mientras el Gobierno de España se quita trabajo de encima, hace ya semanas que desde distintos foros insulares se plantea la necesidad de arbitrar una estrategia de rescate para Canarias, probablemente la región de Europa que más va a sufrir la crisis. A principios de este mes, Casimiro Curbelo apeló a la Unión para que atienda específicamente las necesidades de las regiones ultraperiféricas en el contexto de la situación provocada por el Covid-19. Curbelo pidió al Comité Europeo de las Regiones, organismo de la Unión que se ocupa de los provincias y territorios de los estados miembros, que estudie cómo auxiliar a los sectores productivos de mayor importancia para las RUP, como el turismo, la agricultura y el transporte, y que apoye con recursos europeos políticas de recuperación de la economía isleña. Hace unos días, el Comité aprobó el texto de su primer Barómetro regional, en el que se advierte que Canarias se enfrenta al riesgo de una crisis social sin precedentes, y se alerta de la masiva destrucción de puestos de trabajo que amenaza la economía de las islas, que podría suponer más del 40 por ciento del empleo –ya habría ocurrido si no fuera por los Eres–, haciendo peligrar incluso el sostenimiento de los servicios públicos.
La declaración del Comité va en serio: debiera ser el detonante de una estrategia europea de rescate a Canarias, que despierte la conciencia aplatanada de estos vagos que nos gobiernan.
