Ley VV: a río revuelto… no ganamos
La Federación Canaria de Municipios (Fecam) lo ha dejado claro: la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, que actualiza y sustituye al Decreto 113/2015 y que regulará la vivienda vacacional en las islas, se presta a demasiadas interpretaciones y exige que se “clarifique” el régimen de actividades clasificadas.
Este texto enturbia las aguas de la vivienda vacacional, ya que afecta lo mismo a los vecinos y vecinas con viviendas en alquiler en pequeñas poblaciones, como Tuineje o Tiscamanita, que a los grandes fondos financieros (los llamados fondos buitre) que compran y explotan a gran escala viviendas en zonas urbanas y turísticas. Y en estos casos, el refranero popular acierta: a río revuelto (a legislación turbia), ganancia de pescadores… ganancia para pescadores industriales sin arraigo en Canarias ni Fuerteventura, no para los pequeños tenedores locales.
La Fecam añade su “preocupación máxima” y su “rechazo absoluto” a que el Gobierno de Canarias (CC-PP) haya aprobado esta ley sin un marco normativo claro y específico para la regulación de las actividades clasificadas en las viviendas vacacionales. Y este punto es clave, ya que esa falta de clarificación puede expulsar del mercado, por dicha ley de redacción turbia, precisamente a quienes generan economía local y completan sus ingresos familiares para seguir habitando en nuestros pueblos.
Para la Fecam, este déficit normativo en el asunto de las actividades clasificadas genera un “riesgo de problemas interpretativos” para los municipios que debe ser resuelto por el Ejecutivo autonómico mediante un decreto u orden y no ser trasladado a los alcaldes y alcaldesas de los ayuntamientos canarios la responsabilidad política de “quitar el titulo habitante a sus vecinos y vecinas”.
De eso va este artículo y las fundadas preocupaciones de la Fecam, ante la ley redactada por CC-PP: el riesgo a que los propietarios locales, los que habitan y generan economía en Fuerteventura y en Canarias, pierdan su derecho a completar los ingresos familiares con una VV. Y para más dolor local, la ley del Gobierno de Canarias obligará a los alcaldes y alcaldesas a impedir que sus ciudadanos exploten su propiedad como vivienda vacacional.
“El Gobierno de Canarias debe reaccionar ante las tensiones sociales que se está generando ante este vacío legal”, reclama la Fecam. El PSOE así lo expresó en el Parlamento con su voto en contra a Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas.
¿Hay algún ayuntamiento en Fuerteventura capaz de gestionar el reboso administrativo que supone la aplicación de esta ley? ¿Hay algún alcalde o alcaldesa en Fuerteventura capaz de negar a sus vecinos y vecinas el pequeño ingreso familiar de explotar una VV? ¿Hay algún economista capaz de encontrar lógica a que los beneficios turísticos sigan filtrándose (es el término técnico) lejos de Fuerteventura sin mejorar las economías locales? Son preguntas dejo en el debate público majorero para aclarar las aguas turbias de la Ley VV, que nace de un río revuelto donde no ganamos los canarios.
José Cabrera es Secretario de Política Municipal, Sector Primario, Alimentación y Soberanía Alimentaria PSOE de Fuerteventura
