Los cabildos: columna vertebral del desarrollo insular
En un momento en el que las sociedades exigen administraciones más eficientes, modernas y cercanas, la propuesta de reforma de la Ley de Cabildos Insulares representa un paso decisivo hacia un modelo de gobernanza insular más sólido, adaptado y justo. No es solo una actualización normativa; es una apuesta por el futuro de nuestras islas, por su capacidad de autogobierno y por la dignificación de los cabildos como verdaderas instituciones motoras del bienestar social y económico.
Los cabildos no son una anomalía institucional ni una mera administración intermedia. Son, desde hace más de un siglo, el eje vertebrador de la vida pública en cada una de las islas. Su naturaleza dual —como entes locales y como instituciones de la Comunidad Autónoma— les confiere una singularidad que debe ser reconocida y potenciada, y no encorsetada en modelos administrativos diseñados para otras realidades, puesto que aquí son los ciudadanos quienes eligen directamente a sus representantes.
Desde la FECAI hemos impulsado esta reforma no como un capricho político, sino como una exigencia de coherencia institucional. La reforma del Estatuto de Autonomía de 2018 reconoció claramente el papel de los cabildos, pero la legislación vigente hasta ahora no ha terminado de dotarlos de las herramientas necesarias para ejercer plenamente sus funciones. Esta nueva ley busca corregir esa disonancia, consolidando un modelo adaptado a la realidad insular: con mayor claridad competencial, con un régimen de control coherente con la naturaleza autonómica de muchas de sus funciones, y con una arquitectura institucional simplificada, profesional y moderna.
La propuesta reconoce que los cabildos ejercen competencias de primer nivel en ámbitos tan determinantes como las infraestructuras, el medio ambiente, el transporte público o los servicios sociales. Y no es razonable que quienes asumen estas responsabilidades lo hagan bajo el mismo marco que las diputaciones. Por eso esta ley da un paso adelante: fortalece la potestad normativa de los cabildos, sus representantes son elegidos directamente por los ciudadanos, mejora su régimen de personal y garantiza una retribución realista y justa, especialmente en islas no capitalinas donde la atracción de talento ha sido siempre un reto.
Además, la reforma promueve una nueva cultura institucional basada en la cooperación, el diálogo y la corresponsabilidad. Se eliminan duplicidades normativas, se refuerzan los espacios de coordinación, y se incorporan mecanismos ágiles de resolución de conflictos. Todo ello con un objetivo claro: servir mejor a la ciudadanía, desde la proximidad y la eficiencia.
Los cabildos no son sólo gestores; impulsan el desarrollo económico y social. Han demostrado, a lo largo de su historia, una capacidad extraordinaria para adaptarse, para innovar y para liderar políticas que transforman la vida de la gente. Por eso esta reforma es también una declaración de confianza en nuestras instituciones insulares. Una confianza que se traduce en más autonomía, más recursos, y más capacidad de decisión.
Canarias no puede permitirse estructuras administrativas ancladas en el pasado. Esta tierra diversa, fragmentada y compleja, necesita instituciones ágiles, con músculo político y técnico, y con un profundo arraigo territorial. Los cabildos lo son. Y con esta ley, lo serán aún más.
Porque fortalecer a los cabildos es fortalecer a Canarias. Porque dotarlos de más capacidades es dar más respuestas a los ciudadanos. Porque reconocer su singularidad es hacer justicia con nuestra historia y con nuestro futuro.
